¿Despedir o tratar? La decisión ante el consumo de drogas en la policía provincial

El Dr. Ricardo Urturi, titular del Órgano de Control Institucional, detalló cómo se aplica el protocolo frente a los test positivos de consumo de sustancias en el ámbito policial. La normativa comenzó a implementarse en 2017, posicionando a la provincia como una de las pioneras en el control obligatorio de exámenes psicológicos y el consumo de drogas en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la implementación de esta política ha dado lugar a ciertas controversias, especialmente en cuanto a los casos de uniformados que dan positivo, y el tratamiento diferenciado según el estatus laboral del involucrado.

“Hasta 2017, la legislación no contemplaba el consumo de sustancias psicoactivas como un problema en las fuerzas de seguridad. Sólo se abordaban situaciones de alcoholismo y algunas patologías relacionadas. Desde la reglamentación de la ley, los controles de drogas y sustancias se volvieron obligatorios, tanto para los aspirantes como para los agentes en servicio", explicó Urturi.

El proceso se divide en dos posibles escenarios: si un funcionario da positivo en los test, tiene derecho a una "contraprueba" en un plazo de cinco días. Si el test de confirmación también es positivo, la persona es retirada del servicio, se le suspende el arma y la credencial, y pasa a registrar una situación de licencia. Esta medida se mantiene hasta que el agente decida si se somete o no a un tratamiento voluntario.

En caso de que el agente decida continuar con el tratamiento, y lo haga de manera constante y voluntaria, se considera como una enfermedad laboral, y la situación se maneja como tal. "Si un policía decide no continuar con el tratamiento, eso lleva a un sumario administrativo, ya que se considera una falta gravísima", aclaró Urturi.

El titular del Órgano de Control Institucional también explicó las diferencias de procedimiento entre aspirantes y efectivos en servicio. Los aspirantes, que aún no son empleados públicos con estabilidad laboral, enfrentan una desadmisión inmediata del curso, mientras que los efectivos en servicio tienen derecho a un proceso de sumario administrativo, lo que permite evaluar su situación de forma más detallada. Sin embargo, cualquier incidente mientras están de servicio bajo los efectos de drogas o sustancias psicoactivas agrava la falta y puede resultar en un sumario por ese hecho puntual.

Además, Urturi destacó que los casos exitosos de tratamiento están vinculados al acompañamiento psicológico y el seguimiento adecuado de los servicios sociales dentro de la fuerza. Esto permite que muchos funcionarios logren reintegrarse a su labor en condiciones aptas para cumplir con sus responsabilidades.