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Club Social
Un proyecto resistido desde hace más de una década
El proyecto San Jorge —que busca extraer cobre en el Valle de Uspallata, en plena Alta Montaña mendocina— no es nuevo. Burba recordó que en 2011 ya había sido rechazado por la Legislatura, incluso con votos del espacio político que hoy gobierna. “En ese momento el proyecto no cumplía con las garantías ambientales necesarias, y la conciencia social en torno al agua siempre fue muy fuerte en Mendoza”, explicó.
Pese a estos antecedentes, una versión “refritada”, según especialistas citados por el periodista, obtuvo media sanción en Diputados hace dos semanas y fue tratada y aprobada en tiempo récord este lunes en el Senado provincial.
Represión, detenciones y un pueblo nuevamente en las calles
Mientras la Legislatura avanzaba con el tratamiento legislativo, las movilizaciones crecieron en intensidad. “Hubo un ímpetu represivo importante: detenidos, gente golpeada por la policía”, relató Burba. Aun así, la protesta no se detuvo: miles de mendocinos se concentraron frente a la Legislatura, en la Plaza Independencia y en distintos puntos de la provincia durante toda la jornada y hasta la madrugada.
La resistencia continuará: se convocaron nuevas marchas para los próximos días, a pesar de que la iniciativa ya fue convertida en ley.
¿Progreso o riesgo ambiental? Las críticas al discurso oficial
El gobernador Cornejo promociona el proyecto como “motor de desarrollo”, pero para Burba ese argumento no se sostiene.
Por un lado, explica, las regalías que dejaría la mina representarían menos de 0,5% del presupuesto provincial, un monto “ínfimo” según los especialistas. Además, los puestos de trabajo que generaría serían relevantes solo durante la etapa de construcción, pero mínimos en la fase operativa.
Por otro lado, la preocupación principal es el impacto ambiental, especialmente sobre el río Mendoza, uno de los cursos de agua más importantes de la provincia. Ese río abastece a 1,5 millones de personas y riega más de 250.000 hectáreas productivas.
“El gobierno dice que se usará agua del arroyo El Tigre, que supuestamente no pertenece a la cuenca. Pero eso es falso: las napas están conectadas. Lo demostraron geólogos, informes del CONICET y de la Universidad de Cuyo”, precisó.
Burba afirmó además que el Ejecutivo seleccionó solo fragmentos de los informes científicos que parecían favorecer al proyecto, lo que generó mayor indignación social.
Un pueblo que se moviliza cuando se trata del agua
Mendoza tiene una larga tradición de defensa del agua. La ley 7722, conocida como “guardiana del agua”, prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y es considerada un emblema provincial. En 2019, cuando se intentó modificarla, la movilización popular obligó al entonces gobernador a dar marcha atrás incluso luego de que la Legislatura aprobara los cambios.
Esa memoria reciente hoy vuelve a impulsar las protestas.
“El mendocino no se moviliza por cualquier cosa. Pero cuando se trata del agua, sale masivamente. El gobierno está haciendo oídos sordos”, subrayó Burba.
Qué puede pasar ahora
Aunque la ley ya fue aprobada, Burba explicó que hay dos caminos en marcha:
- La presión social: las asambleas socioambientales continúan convocando manifestaciones con la expectativa de lograr que el Ejecutivo no promulgue la norma o que la empresa frene su avance, como ocurrió en 2019.
- La judicialización: organizaciones ambientalistas y ONG presentarán demandas por inconstitucionalidad, en especial por el incumplimiento de la ley 7722.
Mientras tanto, la empresa operadora —la multinacional Solway— ya anunció su intención de avanzar con el emprendimiento.
“Cuando el agua está en riesgo, Mendoza responde”
Burba concluyó señalando que la defensa del agua es un punto de unión transversal en la sociedad mendocina: sectores rurales, urbanos, agricultores, trabajadores, académicos y organizaciones sociales coinciden en que los riesgos del proyecto superan ampliamente los posibles beneficios económicos.
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