Libertad Digital
En atención a la información publicada en diferentes medios de comunicación referente al requerimiento de intervención del Fiscal de Estado de la Provincia del Chaco respecto a los bienes que el Estado Provincial haya otorgado a la Fundación Saul Acuña y a la Cooperativa de Trabajo Saúl Andrés Acuña como así también a las personas físicas Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena resulta necesario poner en consideración los siguientes puntos:
1) Que la Fiscalía de Estado tiene su competencia y funciones delimitadas por la Constitución Provincial y la Ley 1940-A.
2) Que el Estado cuenta con organismos de control interno y externo (Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Inspección General de Personas Jurídicas, entre otros) quienes en el marco de su competencia y funciones están encargados de la tarea de análisis e investigación respecto a si existen daños a bienes o al patrimonio del Estado.
3) Que en caso de corroborar la existencia de daños a bienes o al patrimonio del Estado, los organismos deberán remitir los antecedentes y requerir a esta Fiscalía de Estado el inicio de las acciones legales que correspondan.
4) Que la actuación de la Fiscalía de Estado en esta instancia sin disponer de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por los organismos de control, resulta prematura y sin respaldo, solvencia y/o argumentos que puedan dar fundamento sostenible a una acción judicial.
5) Que no obstante, atendiendo a la trascendencia de la cuestión, en la fecha se remitió nota al Dr. Eduardo Colombo, Inspector General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, con el objeto de que informe si se detectó la afectación de bienes o intereses patrimoniales del Estado, a fin de analizar si corresponde el inicio de acciones judiciales desde esta Fiscalía de Estado.
Conforme lo expuesto, el Fiscal de Estado de la Provincia del Chaco, Dr. Roberto Alejandro Herlein, considera prudente y oportuno transmitir un mensaje claro a la sociedad respecto al rol que le compete desempeñar a cada organismo del Estado dentro del marco legal de sus respectivas funciones.
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