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“Se han producido embargos en el marco de este proceso judicial por la acordada 858, conocida como Ley de enganche. En Tribunal de Cuentas, también va ‘enganchado’, le corresponde”, afirmó.
Explicó que el monto de los embargos asciende a 45 millones de pesos. “Algunos empleados fueron beneficiados”, sentenció.
“La provincia está amparada en una ley de emergencia que permitió arreglar con el 95% de los empleados judiciales un proceso de pagos especial, los demandantes dicen que no están alcanzados por dicha ley y nosotros pensamos diferente”, agregó.
“La idea es tratar de resolver con el mismo mecanismo que con los judiciales, y no por esta forma compulsiva que es el embargo, que afecta sobre manera a las financias de la provincia”, concluyó.
Columnista: Cristian Ocampo
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