Libertad Digital
Antes de resolver si acepta la causa, la jueza en lo civil y comercial federal Mercedes Maquieira le solicitó este martes al Gobierno que explique por qué presentó un amparo contra el aumento indiscriminado de las empresas de medicina prepaga, que fue autorizado en el DNU 70/2023emitido por el propio presidente Javier Milei.
La jueza cursó el pedido al Gobierno como una "aclaratoria" sobre los términos del amparo presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y acerca de "si las pretensiones ejercidas en esta causa se ven modificadas en modo alguno" por la resolución que emitió la secretaría de Industria y Comercio, en la que ya ordenó volver atrás con los informes.
En los hechos, el amparo presentado por la SSS le pide al Poder Judicial que le ordene a las prepagas que retrotraigan el aumento de tarifas que, por una parte, fue autorizado por el DNU 70/23 y, por la otra, ya fue neutralizado mediante una resolución de la secretaría dependiente del ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo.
Esta cartera emitió la semana pasada una medida que impuso a las empresas de medicinas prepaga fijar los precios a valores de diciembre pasado y calcular los incrementos sobre la base de la inflación calculada por el INDEC.
En tanto, la impulsada por la SSS abarca a 23 compañías de salud privada, las cuales contemplan al 95% de los beneficiarios, y fueron denunciadas por "abuso en la determinación de los aumentos de cuotas de sus usuarios".
Según fuentes oficiales, esta medida "no se trata de una intervención del mercado sino justamente lo contrario: una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia".
Además, en referencia a lo habilitado por el megadecreto del 20 de diciembre pasado en relación con las prepagas, señalaron que "el Gobierno desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas, y con el de impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente".
Fuente: El Canciller
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