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Fernando Gauna Alsina, abogado e integrante de Pensamiento Penal, explicó la importancia de la normativa. "El Estado en general ha hecho poco por las víctimas y en particular la justicia penal también. No han garantizado derechos", consideró.
Agregó "una ley no es una garantía de nada, lo relevante acá son las prácticas de los operadores y que se pongan en práctica el patrocinio gratuito y los centros de contención a las víctimas".
Se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se dispondrá una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes.
Alsina manifestó "no encuentro en la ley la posibilidad de que la víctima pueda mediar, conciliar o se pueda reparar el daño y que se ahorre el proceso penal".
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