Libertad Digital
Entre los principales puntos, la ley dispone la actualización de las prestaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023, así como la obligación de cancelar deudas y ajustar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas en función de los índices publicados por el INDEC.
En materia previsional, las pensiones no contributivas se fijarán en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, quienes perciban este beneficio podrán acceder a empleos siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.
El Poder Ejecutivo Nacional deberá asignar fondos del Tesoro para financiar una compensación de emergencia destinada a los prestadores del sector. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el refuerzo fiscal necesario será de 1,88 a 3,62 billones de pesos, dependiendo del número de beneficiarios, que podría oscilar entre 493.000 y 946.000 personas.
Por otro lado, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevará adelante una auditoría para evaluar de forma transparente y basada en criterios de salud la situación socioeconómica de los beneficiarios. El procedimiento deberá garantizar notificaciones fehacientes, acceso claro a la información y pleno respeto al debido proceso inclusivo.
Finalmente, se establece que los empleadores que contraten a trabajadores con certificado de discapacidad en relación de dependencia por tiempo indeterminado estarán eximidos del 50% de las contribuciones patronales y aportes a las cajas de jubilaciones durante tres años.
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