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El fiscal federal Patricio Sabadini le anticipó a Radio Libertad que comenzará a investigar al Instituto de Vivienda y específicamente el manejo de fondos nacionales para la construcción de viviendas, los cuales iban a parar a cooperativas de trabajos. De hecho, en la entrevista mencionada dijo que hay identificadas a dos o tres personas que se encargaban de “lavar y enjuagar” ese dinero.
“Todo comenzó con una buena idea, de darle la posibilidad a las personas de que construyan sus propias viviendas, para dar trabajo y atender el problema habitacional”, reconoció Arzuaga. Pero no dudó al afirmar que “el tema de las cooperativas terminó en una irregularidad total”.
Sobre la situación en Chaco, fue determinante. “Le terminaban dando la misma plata que nos dan a las empresas constructoras para levantar una vivienda, pero ellos no pagaban impuestos, tenían los empleados en negro y sin seguro”, denunció.
“Se transformaron en empresas constructoras ilegales. Si le preguntas a la UOCRA te van a decir lo mismo”, aseguró.
“Esto no se terminó en el 2016. La nueva línea del gobierno nacional (Mauricio Macri y Cambiemos) no pudo terminar con esto”, agregó. Contó que, hoy por hoy, en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en la Ciudad Autónoma, las cooperativas pasan a competir en las licitaciones y hasta con un plus comparado con las empresas constructoras.
También contó que una asociación de cooperativas es la que da el registro a las propias cooperativas para que construyan casas.
“Lo que va a encontrar el fiscal en la zona norte del Chaco, por lo que cuentan mis pares de las empresas, es muy fuerte”, avisó. Y dio un ejemplo: “Un tipo que vive en una casa de barrio Fonavi y ahora tiene dos minicooper (autos importados)”.
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