El piquetero Barraza fue condenado a 10 años de prisión por fraude con fondos públicos
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El piquetero Barraza fue condenado a 10 años de prisión por fraude con fondos públicos

La Cámara Primera en lo Criminal ordenó además su inhabilitación perpetua y dispuso una serie de investigaciones conexas por supuestas irregularidades en organismos provinciales durante 2022 y 2023


05/12/2025
 /  libertaddigital.com
 -  Sociedad  /  Redacción: Gabriel Bobis

Libertad Digital

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La Cámara Primera en lo Criminal condenó este viernes al dirigente piquetero Carlos Iván Barraza a 10 años de prisión efectiva por los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios, en concurso real. La sentencia incluye también su inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.

El veredicto fue leído pasadas las 11.40 por la presidenta de trámite, Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, acompañada por las juezas Natalia María Luz Kuray (segundo voto) y Julieta Noemí Dansey (tercer voto). En representación del Ministerio Público Fiscal actuó el fiscal de Cámara Sergio Cáceres Olivera, mientras que la querella estuvo a cargo del Sergio Ramón Funes, en representación del presidente de SAMEEP, Nicolás Diez.

Los fundamentos del fallo

En su resolución, el tribunal determinó: “Condenar a Carlos Iván Barraza como autor penalmente responsable de los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios en concurso real (…) a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, con más las accesorias legales del artículo 12 del Código Penal y la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.”

La condena alcanza también a las costas del proceso y habilita una serie de medidas respecto de bienes, dinero y documentación secuestrada. La Cámara dispuso el decomiso definitivo en favor del Estado Provincial de “todos los bienes, documentación, efectos, vehículos, herramientas, materiales de construcción, dispositivos electrónicos, armas, soportes digitales y dinero” producto de los delitos investigados.

Asimismo, ordenó la incorporación patrimonial de aquellos bienes que estaban en carácter de depósito judicial en diversos organismos, entre ellos la Jefatura de Policía del Chaco, el Ministerio de Gobierno, el Servicio Penitenciario Provincial y áreas administrativas del Estado.

El dinero secuestrado deberá ser transferido al Tesoro Provincial como “recurso recuperado del delito”.

Investigaciones derivadas

El fallo abre un abanico de nuevas líneas de investigación sobre hechos presuntamente conexos al circuito de fondos públicos administrados por Barraza y otros actores durante los años 2022 y 2023.

Por ello, el tribunal ordenó correr vista al Equipo Fiscal en nueve ocasiones, entre ellas:

  1. Presunto falso testimonio

La Cámara instruyó investigar a Gustavo Ariel Brites por el “presunto delito de falso testimonio” en virtud de sus declaraciones durante el debate.

  1. Irregularidades en la distribución de fondos públicos

Se ordenó investigar la eventual responsabilidad de Carlos Mauricio Andión, titular del IAFEP, y de Laura Moreno, así como “otros posibles responsables” vinculados a la entrega de recursos estatales a personas o movimientos sociales que “no reunían condiciones mínimas” para recibirlos.

  1. Adjudicación irregular de terrenos y viviendas

Otra línea se concentra en las adjudicaciones de RUBH y en posibles omisiones de control sobre construcciones realizadas en Villa Barberán, en terrenos ubicados en calles Ushuaia y Pasaje Villa Carlos Paz, vinculados a la Asociación Civil Humildad.

También se deberán investigar posibles delitos y responsabilidades de exfuncionarios del IPDUV durante el mismo periodo.

  1. Supuestos delitos laborales y funcionales en la administración pública

El tribunal ordenó indagar la conducta de Nicolás Sisi, Jonathan Barraza, Andrea Barraza, Cristian Barraza, Mónica Romero y José René Galasi, por presuntas irregularidades en asistencia, horas extras, uso de vehículos oficiales y vales de combustible.

  1. Investigación interna en SAMEEP

Se dispuso investigar posibles incumplimientos funcionales, amenazas, coacción y otros delitos atribuidos a Juan Carlos Barraza, así como analizar la eventual responsabilidad penal de quienes presiden SAMEEP desde 2022 por la presunta “omisión de controlar” las maniobras atribuidas al condenado y sus familiares.

  1. Movimientos sociales bajo sospecha

La Cámara ordenó avanzar en investigaciones sobre la recepción y uso de fondos públicos por parte de Romina Palacios y Walter Ramírez, y de las organizaciones que ambos representaban.

Leída la sentencia, Barraza comenzó a aplaudir.

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