El juez que frenó la difusión de audios de Karina Milei tiene 9 denuncias: cinco por acoso sexual

El magistrado federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien días atrás dictó una medida cautelar para impedir la publicación de audios atribuidos a Karina Milei, se encuentra bajo la lupa: acumula nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, de las cuales cinco corresponden a presunto acoso sexual contra empleadas de su juzgado.

La notificación formal de los cargos llegó la semana pasada y abrió un plazo de 20 días para que el juez presente su descargo por escrito ante la Comisión de Disciplina. Las acusaciones no solo refieren a acoso laboral y sexual, sino también a abuso de poder y utilización indebida de recursos públicos.

Según consta en los expedientes, una de las empleadas denunció haber sido presionada para reunirse fuera del horario laboral y luego sometida a tocamientos y relaciones no consentidas. Otra trabajadora relató mensajes insistentes a través de redes sociales, observaciones sobre su vestimenta y represalias tras rechazar pedidos personales. Varias víctimas declararon haber atravesado cuadros de ansiedad y depresión en el marco de esas situaciones.

El gremio judicial AEFJN había solicitado en septiembre de 2024 presencia policial en el juzgado para resguardar al personal. La medida fue concedida y desde entonces existe una consigna en el edificio.

Posibles consecuencias

La Comisión de Disciplina evalúa pruebas y testimonios, y podría girar los casos a la Comisión de Acusación, paso previo a un eventual pedido de remoción. La fiscal Mariana Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, advirtió que los hechos podrían constituir delitos públicos, razón por la cual una parte de las denuncias ya se encuentra en análisis de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli.

Un fallo en medio de la polémica

La situación personal de Maraniello se entrelaza con la causa que involucra a la hermana del Presidente. Tras la filtración de audios que el oficialismo calificó como parte de una “operación de inteligencia ilegal”, el juez dictó una resolución que prohíbe su difusión en medios y redes, argumentando que podrían afectar intereses estatales.

El Gobierno, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, denunció el episodio como un intento de desestabilización política y pidió investigar a los responsables. Además, solicitó allanamientos vinculados a la difusión de los materiales.