Prórroga del relevamiento de tierras indígenas: "Una Ley sin presupuesto y participación de pueblos originarios, no sirve mucho"

El presidente Alberto Fernández prorrogó por otros cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual también se suspenden por el mismo plazo la ejecución de sentencias sobre esos litigios.

Mediante el decreto 805, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo revalida los plazos que fueron establecidos en la ley 26.160, y que en su oportunidad fueron extendidos por las leyes 26.554, 26.894 y 27.400, sancionadas a tales efectos.

La normativa sancionada por el Presidente, y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por "el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras", y establece que "la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada".

Asimismo, se fija que "durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parque Nacionales".

""Una ley sin voluntad política y presupuesto no funciona""

Al respecto, Luis Pilquimán comentó: "Lo que tiene la Ley es relevar las tierras que actual y tradicionalmente se ocupan, así dice la normativa, entonces es la tierra que en este momento las comunidades están teniendo, una tarea altamente demandada porque en muchos lugares del país hay terceros que van por sus tierras ya sea por mega proyectos o avances de otras iniciativas".

El referente mapuche aseguró que con esta normativa se ha logrado frenar unas 300 órdenes de desalojo, por lo que "si llegara a suspenderse esta ley se daría una situación desastrosa de continuidad del despojo".

Pilquimán recordó que entre 2009 y 2012 se logró que el relevamiento esté en manos de las comunidades indígenas donde se registraron 62 comunidades. "Recientemente se firmó un convenio donde se hizo cargo la provincia y no se relevó nada, entonces queda confirmado que con la participación indígena se garantiza el funcionamiento, lo que de seguro pasa en todo el país", expresó.

Asimismo remarcó que en la mayoría de las provincias no existe un interés real por resolver el ordenamiento territorial de los pueblos indígenas.

Por estas razones, entre otras, Pilquimán exige la prórroga de la Ley de Relevamiento de Pueblos Indígenas que incluya financiamiento con mayor participación de las comunidades originarias.

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