Libertad Digital
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en Casa Rosada.
Según Adorni, la medida —que se terminará de formalizar en el Boletín Oficial de mañana— simboliza el fin de “la corrupción en la obra pública”, y forma parte de un plan general de reestructuración estatal bajo la denominada “operación motosierra” que el Ejecutivo defiende como necesaria para reducir el gasto público.
El decreto filtrado revela que las funciones de mantenimiento, estudio y licitación de rutas nacionales, actualmente a cargo de Vialidad, serían absorbidas por el Ministerio de Economía, que podría delegarlas en provincias o firmas privadas. En tanto, las tareas de control de tránsito y sanciones serían reasignadas a la Gendarmería Nacional y a la Secretaría de Transporte, mientras que la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte tomaría funciones de fiscalización vial y ferroviaria.
La decisión generó rechazo inmediato por parte de gremios y provincias—especialmente Neuquén, Río Negro y Viedma— que advirtieron sobre el riesgo de desfinanciamiento, despidos masivos y la pérdida de miles de empleos. Denuncian que la medida podría poner en peligro la seguridad en rutas nacionales deterioradas.
Con esta avanzada, el Ejecutivo busca consolidar una estructura centralizada y reducir lo que considera organismos sobredimensionados, en línea con el ajuste fiscal que impulsa Milei, cuyo equipo ya eliminó más de 200 áreas estatales y 10 ministerios desde el inicio de la gestión.
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