Libertad Digital
El Juzgado Federal de Resistencia N° 1 confirmó este miércoles que Alfredo José “Capi” Rodríguez deberá presentarse a indagatoria el 28 de agosto a las 8:30 horas, en el marco de la causa que investiga presuntas afiliaciones falsas y una red de extorsiones a empleados públicos vinculados al armado político de La Libertad Avanza en Chaco.
Fuentes judiciales confirmaron a Libertad que la audiencia se llevará a cabo de manera virtual, a través de la plataforma Google Meet, según consta en la resolución firmada por el tribunal.
Los delitos imputados
De acuerdo al requerimiento elevado por el fiscal federal Patricio Sabadini, Rodríguez habría incurrido en al menos 40 hechos de falsedad ideológica de documentos públicos, agravados por haber sido cometidos abusando de sus funciones como funcionario público.
La acusación se completa con los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, todos ellos en concurso real.
La defensa
En el mismo expediente, Rodríguez designó a los abogados Zacarías Issolio y Mercedes del Rosario Goitia como sus letrados, lo que fue aceptado por el juzgado. Ambos ya figuran como apoderados en el sistema judicial.
Contexto electoral
El avance judicial se produce en medio de la campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre, donde Rodríguez busca posicionar a La Libertad Avanza como una de las principales fuerzas opositoras en Chaco.
En declaraciones previas, la jueza con competencia electoral Zunilda Niremperger había señalado que, aun en caso de irregularidades, no existen impedimentos legales para que un dirigente se presente como candidato hasta tanto no exista una condena firme confirmada por la Corte Suprema.
La acusación del fiscal Sabadini
El fiscal sostiene que Rodríguez habría montado una estructura de presión sobre empleados de ANSES y PAMI, exigiendo aportes económicos bajo amenaza de perder sus cargos. Además, se investigan afiliaciones partidarias falsificadas: de los 45 testigos citados, 39 negaron haberse afiliado, y varios presentaban condiciones médicas que les impedían firmar documentos.
La hipótesis de la Fiscalía es que los datos utilizados provendrían de bases oficiales del ANSES, lo que agrava la imputación.
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