Piden sentencia por “derecho a la verdad” en el caso de Carlos Tereszecuk

“Carlos fue secuestrado a principios de noviembre de 1976, todo indica que en la ciudad de Corrientes, y luego trasladado a Resistencia. Sobrevivientes lo vieron en la jefatura de policía, en un estado de salud muy deteriorado por las torturas. Prácticamente no podía mantenerse en pie”, relató Vigay. Uno de esos detenidos incluso declaró que tuvo que bañarlo por orden de sus captores.

El cuerpo de Tereszecuk apareció en las costas de Empedrado, Corrientes, y había sido enterrado como NN. “Fue rescatado de las aguas del Paraná y presentaba signos evidentes de ejecución: estaba desnudo, atado con alambres, con disparos en cráneo o pecho, cortes abdominales para evitar que flotara y las yemas de los dedos mutiladas para impedir su identificación”, detalló el fiscal.

Según explicó, este patrón coincide con otros dos casos: Rómulo Artieda, visto por última vez en 1977 en un centro clandestino de Corrientes, y Julio "Bocha" Pereyra, víctima de la Masacre de Margarita Belén en diciembre de 1976. “En los tres casos los cuerpos fueron arrojados al río Paraná y luego enterrados como NN en Empedrado”, subrayó.

El requerimiento fiscal se da en el marco del fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976, los Comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero y ante la imposibilidad de avanzar con la identificación de otros responsables del secuestro y la desaparición de Tereszecuk.

Vigay destacó la trayectoria social y política de Tereszecuk. “Fue una persona muy comprometida: estudió para sacerdote, se graduó en Trabajo Social, presidió el centro de estudiantes de la UNaM, integró el Partido Auténtico y, como secretario legislativo, impulsó leyes en defensa de trabajadores rurales, docentes y amas de casa. Un intento de secuestro en Misiones lo obligó a pasar a la clandestinidad, hasta que finalmente fue asesinado y arrojado al río”.

La familia de la víctima ya había recuperado sus restos en 2018, pero busca ahora una reparación histórica mediante una sentencia que deje constancia de su militancia, detención ilegal, torturas y asesinato. “No hay imputados vivos, pero el derecho a la verdad es un derecho inalienable de los familiares. Queremos que quede asentado en una sentencia todo lo que se pudo reconstruir”, señaló Vigay.

La causa también pretende dejar establecido en sede judicial que el arrojamiento de cuerpos al Paraná fue una práctica sistemática del terrorismo de Estado en el Nordeste. “Es una búsqueda muy difícil, como encontrar una aguja en un pajar, pero esta reconstrucción puede ayudar a otras familias que siguen buscando a sus seres queridos”, concluyó el fiscal.

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