Tito López irá a juicio en 2026: “El desvío de fondos públicos para beneficio personal es un delito aberrante"

El proceso judicial contra Ramón Alberto “Tito” López, detenido desde septiembre de 2024, ya tiene fecha definida. El Tribunal Oral Federal de Resistencia fijó el inicio del juicio oral para el 8 de abril de 2026, donde también estarán en el banquillo su esposa Librada Romero, tres de sus hijos y otros allegados, acusados de montar una red de fundaciones fantasma y operaciones con tierras fiscales para desviar fondos públicos destinados a programas sociales.

Durante la audiencia preliminar, realizada por videoconferencia, las partes ratificaron la prueba que se presentará en el debate. La defensa de López solicitó una pericia contable, pero fue rechazada por no cumplir con los requisitos del Código Procesal, lo que evitó que el proceso se dilatara aún más.

“Un caso complejo y con impacto social”

El fiscal federal Federico Carniel, a cargo de la acusación, explicó que la causa es de gran complejidad, tanto por los delitos investigados como por la cantidad de imputados:

“Es un juicio que requiere una organización especial. Se cuentan con testigos de distintos perfiles: desde campesinos de los campos donde tenían emprendimientos, hasta escribanos y contadores que pueden aportar a nuestra teoría del caso sobre cómo se desviaron los dineros públicos para beneficio propio”.

Según la acusación, el dinero fue reciclado a través de campos, inmuebles urbanos, vehículos de alta gama, ganado y divisas extranjeras, bienes que no guardan relación con los ingresos declarados por la familia López.

Bienes cautelados y penas de hasta 15 años

Carniel confirmó que todos los bienes detectados permanecen cautelados y podrían incorporarse más durante el juicio: “En delitos de lavado de activos siempre puede haber bienes ocultos. Aunque haya condena, si aparecen más activos, también serán decomisados”.

Sobre las posibles penas, detalló:

• Lavado de activos agravado y asociación ilícita: hasta 15 años de prisión.
• Delitos de funcionarios: entre 4 y 6 años.

“Para la Fiscalía todos los imputados tuvieron participación y se beneficiaron del dinero desviado. Algunos con mayor responsabilidad, pero todos aportaron a la maniobra”, sostuvo.

“Es un delito aberrante”

El fiscal Carniel valoró la rapidez relativa con la que se llegó al juicio y cuestionó la conducta de los acusados: “El desvío de fondos públicos para beneficio personal es un delito aberrante. Es dinero que debería haber solucionado problemas de la sociedad y terminó en el disfrute privado. Este juicio debe ser un mensaje claro contra este tipo de actividades despreciables”.

El juicio estará a cargo de los jueces Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias, con la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal.

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