Proponen por ley reubicar a empleados públicos en Chaco para evitar más contrataciones

El diputado provincial Francisco Romero Castelán (Juntos por el Cambio) presentó este jueves en la Legislatura un proyecto de ley que busca implementar un mecanismo de reubicación estratégica del personal público en la provincia del Chaco, con el objetivo de optimizar la asignación de recursos humanos, mejorar la eficiencia de la gestión estatal y fomentar la capacitación continua.

La iniciativa, que quedó registrada bajo el título “Ley para la Reubicación Estratégica del Personal Público en la Provincia del Chaco”, plantea que el proceso abarcará a todos los agentes de la Administración Pública provincial, incluyendo organismos autárquicos, y será coordinado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de Marcos Resico.

El proyecto establece que la reubicación se realizará en base a criterios como necesidades del servicio, experiencia y formación del agente, aptitud e interés, y situación personal y familiar. El procedimiento incluirá seis etapas: evaluación de necesidades, identificación de perfiles, convocatoria abierta, evaluación y selección, capacitación y reubicación efectiva.

Leer también: Infidelidad y presunta extorsión sexual con pedido millonario en el Gran Resistencia

Romero Castelán subraya que la reasignación no afectará los derechos adquiridos por los empleados, quienes mantendrán antigüedad, categoría y salario. Además, la autoridad de aplicación deberá asignar recursos presupuestarios para cubrir gastos de capacitación y traslado.

Fundamentos

En los fundamentos, el legislador advierte que Chaco se encuentra entre las provincias con mayor cantidad de empleados públicos en relación a su población, lo que impacta en el déficit económico y en la eficiencia de los servicios. La propuesta apunta a evitar nuevas contrataciones y a redistribuir el personal existente, asignándolo a áreas donde se requieran sus competencias.

Entre los beneficios previstos, el proyecto menciona la reducción del gasto público, el fortalecimiento del profesionalismo, el desarrollo de nuevas áreas de servicio y el aumento de la motivación del personal. También plantea la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto de la reubicación en la gestión estatal.

Si la propuesta avanza en comisiones y obtiene respaldo en el recinto, la ley entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y la reglamentación debería dictarse en un plazo de 60 días.