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En diálogo con Radio Libertad, Evangelina Galiani, vocera de los empleados, explicó la relevancia de la medida legislativa: “Se trata de una ley nacional que tiene supremacía constitucional sobre un decreto. Esto significa que la agencia debería volver a su estado anterior, con todas sus funciones, presupuesto y los 700 trabajadores que tenía".
No obstante, la funcionaria denunció que la resolución legislativa no se ha traducido en la restitución del funcionamiento normal: “A pesar de la publicación de la ley, el Poder Ejecutivo sigue vaciando la agencia: despidiendo personal y poniéndolo a disposición mediante actos administrativos que fueron notificados de manera individual y publicados en el Boletín Oficial. Este pase a disponibilidad es, en la práctica, un despido encubierto”, afirmó.
Actualmente, según Galiani, solo permanecen 97 empleados en la agencia. “Muchos de nosotros habíamos accedido a nuestras funciones mediante concursos de idoneidad, superando cinco etapas de evaluación. Ahora, el Estado nos deja sin trabajo con resoluciones administrativas”, denunció.
La vocera detalló que algunos empleados tienen un plazo de nueve meses antes de la finalización del contrato, durante el cual no podrán trabajar ni percibir remuneración mínima.
Sobre las acciones legales emprendidas, Galiani aclaró que, a diferencia de otros casos, no pudieron interponer una cautelar en tiempo y forma.
“Las plantas permanentes ya fueron puestas a disposición, por lo que los contratados corren un riesgo inmediato de despido una vez finalizado su acuerdo”, agregó.
La vocera destacó la importancia de la unidad y la visibilización mediática: “La unión y la organización nos ha servido mucho. Agradecemos a los periodistas que han difundido nuestro caso y al apoyo de Vialidad Nacional a través de su Secretaría General. Seguimos esperando respuestas judiciales y cautelares que protejan a los contratados".
Mira la entrevista completa.
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