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"Significa la posibilidad de acceder a información de la causa, de hacer pedidos, de rechazar o aceptar determinadas situaciones, como puede ser un juicio abreviado, como se da habitualmente en las causas por violencia contra el género", explicó.
Añadió que los agresores suelen solicitar el juicio abreviado "sin que la víctima se entere" y esto se podrá evitar con el Estado como querellante.
El Estado "se da por ofendido", continuó Solá y explicó que más allá de la vulneración a la víctima en particular, "es una vulneración a toda la sociedad", aseveró. "La violencia contra las mujeres es un hecho social y afecta a todos los estamentos del Estado", agregó.
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