Libertad Digital
La causa, impulsada tras la difusión de denuncias periodísticas, ya genera repercusiones en la interna de La Libertad Avanza (LLA).
Sabadini solicitó la instrucción formal del expediente, señalando que los hechos podrían constituir el delito de extorsión, previsto en el artículo 168 del Código Penal. El fiscal sostuvo que existiría una lista de empleados que habrían sido obligados a entregar dinero bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo.
La causa se centra en supuestas prácticas irregulares dentro de estos organismos del Estado nacional, y pone el foco en el uso de recursos públicos y presiones laborales en beneficio político. La investigación continúa avanzando con la recolección de testimonios y documentación.
Según el requerimiento fiscal, confirmado por el propio Sabadini, empleados y funcionarios de PAMI y la Anses habrían sido presionados a entregar un porcentaje de sus haberes como condición para conservar sus puestos de trabajo.
Además, se menciona que la contratación de personal habría estado definida en relación a la afinidad política de los postulantes, por lo que se habría dejado en un segundo plano sus competencias profesionales.
Silvia Arolfo es la responsable de PAMI y Alfredo Capi Rodríguez, de la Anses en la provincia. Sin embargo, el escrito destaca que la responsabilidad última se determinará en el proceso de investigación.
"Se advierte que el medio comisivo empleado para finalmente obligar a las víctimas a entregar o ceder un porcentaje de sus haberes fue a través de claros actos intimidatorios", asegura el fiscal e insiste en que los responsables presionan a las víctimas a pagar estas contribuciones para conservar su puesto laboral.
Las sospechas surgieron a raíz de informes emitidos el pasado 1 de mayo por los canales de televisión TN y A24. En ambos casos se expusieron planillas de supuestas transferencias bancarias efectuadas por los trabajadores hacia sus superiores, supuestamente como parte del mecanismo de recaudación informal.
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